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Pensiones Públicas Españolas

 

La acción protectora de las prestaciones de la Seguridad Social española comprenden un conjunto de medidas para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren, dentro de estas prestaciones están las pensiones públicas que básicamente se dividen en dos grandes bloques, las pensiones contributivas y las no contributivas.

 

Incapacidad permanente

En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

 

Ø Grados

 

 

Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual:

Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.

·         Requisitos

 

·         No tener la edad prevista en el apartado 1.a) del artículo 205 de la LGSS en la fecha del hecho causante o no reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de contingencias comunes.

·         Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada al alta. 

·         Tener cubierto un período previo de cotización, si la incapacidad deriva de enfermedad común: 

De 1800 días de cotización comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que derive la incapacidad permanente.

Para los trabajadores menores de 21 años de edad en la fecha de la baja por enfermedad, deberá acreditar la mitad de los días transcurridos ente la fecha en que hayan cumplido los 16 años de edad y la de iniciación del proceso de incapacidad temporal, al que se sumará todo el periodo, agotado o no, de la incapacidad temporal (545 días).

·         No se exige período previo de cotización, si la incapacidad deriva de accidente, sea o no laboral, o de enfermedad profesional.

 

·         Cuantía:

 

·         La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado.

·         La cuantía de la indemnización es igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo del subsidio de incapacidad temporal del que se deriva la incapacidad permanente.

 

Incapacidad permanente total para la profesión habitual:

La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

 

·         Requisitos:

 

·         No tener la edad prevista en el apartado 1.a) del artículo 205 de la LGSS en la fecha del hecho causante o no reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de enfermedad común o accidente no laboral.

·         Estar afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta

·         Cuando la incapacidad se derive de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los trabajadores se considerarán de pleno derecho afiliados y en alta, aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones.

·         Tener cubierto un período previo de cotización, si la incapacidad deriva de enfermedad común. El período de cotización exigido varía en función de la edad del interesado:

Si es menor de 31 años de edad:

o    Período genérico de cotización: la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante.

o    Período específico de cotización: no se exige.

Si tiene 31 o más años de edad:

o    Período genérico de cotización: un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de 5 años.

o    Período específico de cotización: un quinto del período de cotización exigible debe estar comprendido:

§  En los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o

§  En los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará, igualmente, a quienes, sin haber completado el período específico exigible, causen la pensión desde una situación de alta, con obligación de cotizar cuando dicha situación proceda de otra inmediatamente anterior de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar. 


·         Cuantía

La cuantía de la pensión de IPT se obtiene de aplicar un porcentaje a la base reguladora (BR) que corresponda, según la causa que origine la incapacidad.

Si deriva de enfermedad común, la cuantía de la pensión no podrá resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, en términos anuales, vigente en cada momento. 

 

·         Base reguladora

El cálculo de la base reguladora (BR) será diferente según la causa que origine la incapacidad permanente:

Si la incapacidad deriva de enfermedad común:

·         Trabajador mayor de 52 años y menor de 65 en la fecha del hecho causante:

a.     Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas:

§  Las bases de los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computan en su valor nominal.

§  Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución del IPC, desde los meses a que aquéllas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere el párrafo anterior. 

b.     Al resultado obtenido, se le aplicará el porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala prevista para las pensiones de jubilación, considerándose a tal efecto como cotizados los años que le falten al trabajador, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. En caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje aplicable será del 50%.

c.     El importe resultante de las reglas anteriores constituirá la BR a la que, para obtener la cuantía de la pensión que corresponda, habrá de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de incapacidad reconocido.

·         Trabajador menor de 52 años en la fecha del hecho causante (al que se exige un período de cotización inferior a 8 años): 

La BR se obtendrá, de forma análoga al supuesto anterior, pero el cociente se hallará dividiendo la suma de las bases mensuales de cotización en número igual al de meses de que conste el período mínimo de cotización exigible, sin tener en cuenta las fracciones de mes, por el número de meses a que dichas bases se refieran, multiplicando este divisor por el coeficiente 1,1666, y excluyendo, en todo caso, de la actualización las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquél en que se produzca el hecho causante.

·         Trabajador con 65 o más años en la fecha del hecho causante, que no reúne los requisitos para la jubilación:

La BR será el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, conforme a lo establecido en la norma a).

Si la incapacidad deriva de accidente no laboral:

La BR será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho período será elegido por el beneficiario dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.

Si en la fecha del hecho causante el interesado no hubiera completado el período de 24 mensualidades ininterrumpidas de cotización, la BR se determinará utilizando la fórmula más beneficiosa de las dos siguientes: la prevista en el párrafo anterior o la que resulte de dividir entre 28 la suma de las bases mínimas de cotización vigentes en los 24 meses inmediatamente anteriores al hecho causante de la incapacidad, tomadas éstas en la cuantía correspondiente a la jornada laboral contratada en último término por el causante.

 

Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

La BR se calcula sobre salarios reales, teniendo en cuenta que no pueden exceder del tope máximo de cotización ni ser inferiores al tope mínimo, vigentes al sobrevenir la incapacidad. Se aplica una fórmula que incluye salarios reales, pagas extraordinarias, pluses, complementos y horas extraordinarias.

 

·         Porcentaje general:



El 55% de la BR. Dicho porcentaje puede incrementarse en un 20% más para los mayores de 55 años cuando, por su falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual.

En los casos en que el trabajador, alcanzada la edad ordinaria de jubilación o más años, acceda a la pensión de IPT derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para acceder a la pensión de jubilación: 

El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la BR correspondiente.

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación se aumentará, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor. 

 

Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo:

 

La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

·         Requisitos

Igual que en la incapacidad permanente total con la salvedad de que si deriva de enfermedad común o accidente no laboral, en situación de "no alta":

  •  
    • Período genérico de cotización: 15 años.
    • Período específico de cotización: 3 años en los últimos 10.

 

·         Cuantía

La cuantía de la pensión se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente.

 

·         Base Reguladora

Si la incapacidad deriva de enfermedad común:

·         Beneficiario en situación de alta o asimilada o en situación de "no alta":

Se calcula aplicando íntegramente las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

Si la incapacidad deriva de accidente no laboral:

·         Beneficiario en situación de alta o asimilada: 

Se calcula aplicando las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral.

·         Beneficiario en situación de "no alta":

Será el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas:

o    Las bases de los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computan en su valor nominal.

o    Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo, desde los meses a que aquéllas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere el párrafo anterior.

Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

·         La base reguladora se calcula sobre salarios reales, aplicando las mismas reglas que las señaladas para la incapacidad permanente total derivada de estas contingencias.

 

·         Porcentaje

 

·         El 100% de la base reguladora.

·         En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor.

·         En los casos en que el trabajador, alcanzada la edad ordinaria de jubilación o más años, acceda a la pensión de incapacidad permanente absoluta, derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación:

El porcentaje aplicable será el que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Actualmente, dicho porcentaje es del 50%, que se aplicará a la base reguladora correspondiente.

Gran invalidez:

La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

 

·         Requisitos:

Igual que en la incapacidad permanente absoluta.

 

·         Cuantía

La cuantía de la pensión por gran invalidez estará formada por el importe de la pensión que corresponda por incapacidad permanente (total o absoluta), incrementada con un complemento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario.

 

·         Importe del complemento:


Será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el Régimen General en el momento del hecho causante, cualquiera que sea el régimen en el que se reconozca la pensión, y el 30% de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. En ningún caso, este complemento podrá tener un importe inferior al 45% de la pensión percibida -sin el complemento- por el trabajador.

 

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Las pensiones se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30% a un 50% cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 

A efectos del cálculo del recargo, se excluye el complemento de gran invalidez destinado a remunerar a la persona que atienda al gran inválido. Dicho recargo recae directamente sobre el empresario infractor. 

 
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Pensiones Públicas Españolas

 

La acción protectora de las prestaciones de la Seguridad Social española comprenden un conjunto de medidas para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren, dentro de estas prestaciones están las pensiones públicas que básicamente se dividen en dos grandes bloques, las pensiones contributivas y las no contributivas.

 

Las pensiones contributivas:

 

Son prestaciones económicas y de duración indefinida, aunque no siempre, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos.

Su cuantía se determina en función de las aportaciones efectuadas por el trabajador y el empresario, si se trata de trabajadores por cuenta ajena, durante el período considerado a efectos de la base reguladora de la pensión de que se trate.

Dentro de la acción protectora del Régimen General, se incluyen las pensiones siguientes:

Por jubilación: jubilación ordinaria, jubilación anticipada por tener la condición de mutualista, jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista, jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, jubilación anticipada por reducción de la edad mínima debido a la realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres, jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años.

Por incapacidad permanente: total, absoluta y gran invalidez.

Por fallecimiento: viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Dentro de la acción protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), se incluyen las pensiones de:

·         Vejez.

·         Invalidez.

·         Viudedad.

Complemento por maternidad  (jubilación, incapacidad permanente, viudedad)

A las mujeres que hayan tenido 2 o más hijos, biológicos o adoptados, se les aplicará un complemento por maternidad consistente en un porcentaje aplicable al importe de la pensión que se causen a partir de 1 de enero de 2016, calculada de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores. Dicho porcentaje será del 5% en el caso de dos hijos, del 10% con tres hijos y del 15% en el caso de cuatro o más hijos.

Son computables para la determinación del derecho y su cuantificación los hijos con independencia de que el nacimiento se haya producido en España o en el extranjero.

El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los que se refieren, respectivamente, los artículos 208 y 215 de la Ley General de la Seguridad Social.  Así mismo no será de aplicación a la pensión SOVI.

 

 

1.  Jubilación

 

Dentro de los distintos tipos de jubilación existentes y, en aras a la brevedad, nos centraremos solo en la descripción de la jubilación ordinaria del Régimen General.

 

Requisitos

 

·         Edad

A partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de:

·         67 años o

·         65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta.

Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores, se aplicarán de forma gradual durante un período transitorio que finaliza el 31/12/2027.

 

·         Período mínimo de cotización

Trabajadores en situación de alta o asimilada:

·         Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días).

·         Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.

Trabajadores en situación de no alta ni asimilada:

·         Período de cotización genérico: 15 años (5.475 días). 

·         Período de cotización específico: 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

 

 ·         Cuantía

La cuantía de la pensión se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados y, en su caso, el porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, cuando se acceda a la jubilación con una edad superior a la ordinaria vigente en cada momento y el coeficiente reductor que corresponda.

A partir del año 2022, la base reguladora será el cociente que resulta de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.

Si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar, el período de determinación de la base reguladora (BR) no puede retrotraerse al momento en que cesó la obligación de cotizar.

Para aquellas personas que les sea aplicable la legislación anterior a 1-1-2013, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la LGSS, la base reguladora será el cociente que resulte de dividir por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.

Desde el 1-1-2013, el número de meses se elevará progresivamente a razón de 12 meses por año, de acuerdo con la siguiente tabla que indica el número los meses computables en cada ejercicio hasta llegar a los 300 en 2022 y el divisor correspondiente.

·         Porcentaje

El porcentaje es variable en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 248, y un 0,18% los que rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100%, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación.

A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad que corresponda en cada momento. Dicho factor de sostenibilidad se aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social que se causen a partir de 01-01-2019. (Pendiente de modificación la fecha de entrada en vigor).

No obstante, hasta el año 2027, se establece un periodo transitorio y gradual.

Porcentaje adicional para trabajadores que se jubilen con una edad superior a la legalmente establecida

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la  edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización  exigido, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado, o que se considere legalmente cotizado, entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, en función del número de años cotizados que se acrediten en la primera de las fechas indicadas.

Porcentaje adicional a partir de 01-01-2013:

El 2% por cada año completo cotizado, o que se considere legalmente cotizado, desde la fecha en que se cumplió la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento hasta la fecha del hecho causante de la pensión, cuando el interesado hubiera acreditado hasta 25 años cotizados al cumplir dicha edad.

·         El 2,75 % cuando el interesado hubiera acreditado entre 25 y 37 años cotizados.

·         El 4 % cuando el interesado hubiera acreditado más de 37 años cotizados.

      

 
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EXPOSICIÓN “MEMORIA GRÁFICA DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA”

 

La Federación Regional de Sociedades Españolas, informa que la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España en Bs. As., dispone de la muestra itinerante “Memoria gráfica de la Emigración Española”.

La misma consta de 25 fotografías tamaño 0,60 x 0,90 cm en forma Sintra de 3 mm. de grosor.

Aquellas entidades que deseen solicitarla se deben comunicar con esa Consejería al siguiente e mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla con copia a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Se debe firmar un Convenio de Colaboración para la cesión temporal de la muestra, haciéndose cargo la entidad solicitante de los gastos de remisión de la misma, ida y vuelta y del seguro correspondiente.

 
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RECOGE MÁS DE 50 INFORMES

José Julio Rodríguez y Blanca Azcárate publican el libro ‘Pasajeros de tercera clase’, sobre los inspectores de emigración en los barcos

 

Crónicas de la Emigración

 

María Pilar París, de 25 años y natural de la localidad coruñesa de Abegondo, falleció a bordo del vapor ‘Highland Brae’, que transportaba a emigrantes desde A Coruña a Buenos Aires en 1912, según describe “de manera emotiva y distante” el inspector de emigración en viaje Julio Lissarrague en su informe que, junto con más de 50 informes de diferentes inspectores, acaba de ser recopilado y analizado en el libro ‘Pasajeros de tercera clase’, de José Julio Rodríguez y Blanca Azcárate, ofreciendo una perspectiva hasta ahora desconocida.

La Ley de Emigración de 1907 recogió la necesidad de crear un cuerpo de inspectores de emigración tanto de interior y de puerto, como de inspectores en viaje, encargados de la “tutela” del emigrante durante la travesía e incluso, algunas veces, durante la llegada al puerto de destino e instalación de los mismos.

“Yo había conocido por un compañero de ‘Carta de España’, Adolfo Rivas, que existían los inspectores de migración en viajes porque hizo hace unos 10 años una exposición sobre la Inspección de Trabajo y dedicaba un pequeño apartado a los inspectores de migración en viaje”, cuenta Rodríguez, quien explica que la idea inicial era reeditar el libro que está en la biblioteca del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ‘La tutela del emigrante español’, de Leopoldo D`Ozouville, “como homenaje a los inspectores de migración pero, en ese momento, Blanca y yo descubrimos en la biblioteca que no solo estaba éste, sino que había un montón de informes de estos inspectores que abarcaban más de 20 años –desde 1908 a 1931–. Empezamos a descubrirlos y entonces esa idea fácil, de editar uno de ellos en facsímil como homenaje, se convirtió en estudiarlos todos y transcribirlos y destacar lo que nos parecía más interesante de cada uno de ellos”, explica el actual consejero de Empleo y Seguridad Social en México. 

Esta es la primera vez que se publican estos informes. “Es información de primera mano y por eso es interesante sacarlo a la luz”, explica la profesora de Geografía de la UNED Blanca Azcárate, quien asegura que “se hacía ya o no se hacía porque los informes –en su mayoría manuscritos– están desvencijados y en muy mal estado”.

Los informes se enviaban al Consejo Superior de Emigración y ahí se tomaban nota, pero no se publicaron. “Muchos están en la biblioteca pero suponemos que otros muchos se han perdido”, comenta Azcárate.

Los autores han entresacado de cada informe lo que consideran más destacado y lo han contextualizado y comentado. Además, en los anexos, se ofrece un listado de todos los autores con los informes que han escrito, una explicación sobre la legislación de emigración vigente en ese periodo y una reproducción en facsímil de la ‘Memoria del viaje a Buenos Aires a bordo del vapor ‘Sierra Nevada’ de la Norddeutscher Lloyd de Bremen, manuscrito por el inspector Ángel Gamboa y fechado en Madrid en 1914. 

“La Ley de Emigración de 1907 –explica Azcárate– crea el cuerpo de inspectores en el interior, inspectores en el puerto e inspectores de viaje para fomentar la tutela del emigrante y garantizar y conocer cómo iban los inmigrantes hacia América, sobre todo a los que iban a Brasil, Cuba y Argentina”. 

Los inspectores en los barcos ponen voz a ese viaje y dan cuenta de si se cumplen las condiciones exigidas por la ley en diferentes aspectos como infraestructuras, sanidad, alimentación e higiene.

“Su misión –explica Rodríguez– era tutelar que las compañías navieras cumplieran con los requisitos que establece la legislación para proteger al emigrante español –que le dieran las comidas pactadas, que los dormitorios reuniesen las condiciones adecuadas– porque la mayoría de los emigrantes españoles viajaban en compañías extranjeras holandesas, italianas, británicas y alemanas”. Su tarea, explica, también era mediar en los conflictos y “proteger al emigrante español de los posibles abusos”. En el libro se recogen abusos por parte de la tripulación “desde los cocineros a los camareros que les trataban de sacar dinero para dar las raciones a las que, en principio, tenían derecho legalmente”.

Estos inspectores no siempre tenían una tarea fácil y en varios de los informes expresan “la dificultad que tienen a la hora de que el emigrante los vea como un portavoz suyo porque normalmente los ven como una autoridad, ya que muchos eran militares y marinos”, explica Blanca Azcárate, quien recuerda que “para la tripulación también era incómodo tener a los inspectores vigilando”.

“Hay algunos –explica– que por lo general siempre tienen buenas experiencias y otros que se quejan de su situación de intermediario, incluso cuando van a las colonias dentro de Brasil siguen con esa labor de inspección que nunca es cómoda pero era importante por todos los consejos que podían dar a la hora de mejorar y controlar a los que se ocupaban de los viajes de los emigrantes”.

Además, tienen que luchar para que los capitanes de los barcos respeten su condición y sus advertencias. “Los propios inspectores –comenta Rodríguez– lo dicen muy bien. Había viajes en los que se cumplían las normas y en otros no, y ellos mismos se preguntan: si cuando viajamos los inspectores tratan mal a los emigrantes, cómo será cuando no viajamos”.

Los informes de estos inspectores, que en muchas ocasiones también contenían fotos o dibujos pormenorizados, tienen una parte burocrática en la que se hace una descripción de la situación pero también cuentan con una parte que “te engancha porque son muy dramáticos como cuando describe el fallecimiento de algún inmigrante o los niños que tienen enfermedades”. También narran lo mal que lo pasan cuando cruzan el Ecuador con un calor infernal o cuando viajan animales revueltos con las personas “porque siempre aprovechaban los viajes para llevar ganado incluso a veces para alimentación”, comenta Rodríguez.

Ambos autores llevan muchos años vinculados al mundo de la emigración, ya que antes de ser consejero de Empleo y Seguridad Social, Julio Rodríguez había desempeñado diferentes cargos en la Dirección General de Migraciones y en la Secretaría General de Inmigración y Emigración. 

Por su parte, Blanca Azcárate dirigió el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios (CEME), con sede en México y Madrid. Además, tiene experiencia en primera persona sobre la emigración, ya que en los años 70 estuvo cinco años viviendo en Alemania donde llevó a cabo un proyecto de investigación en la Universidad de Malburgo sobre el retorno a diferentes regiones como Madrid, Galicia y Andalucía y en el que se analizaban diferentes aspectos económicos, sociales y culturales.

 

Uno de los autores del libro, José Julio Rodríguez Hernández nos ha compartido y autorizado a difundir el enlace del libro:

 

https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WSFC0318

 
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